JUSTICIA
El sistema jurídico moderno de Rumanía ha empezado a funcionar desde mediados del siglo XIX. El mismo se basa sobre los modelos francés, belga, italiano y alemán.Rumanía ha adoptado el modelo francés en lo que concierne las condiciones de acceder a la magistradura, la especialización de los jueces y fiscales, al crear un instituto de los magistrados. El sistema jurídico rumano funciona en cuatro niveles: Juzgados, que son instancias locals, Tribunales, que son instancias departamentales, Cortes de Apelación y la Corte Suprema de Justicia. Esta última es la instancia más alta de Rumanía, que soluciona las apelaciones finales en contra de las decisiones tomadas por las Cortes de Apelación o contra otras decisiones en los casos estipulados por la ley. También funciona como instancia judicial en los casos en que se acusa a altos dignatarios del Estado de delitos graves. La Corte Suprema de Justicia tiene 4 secciones especializadas y tiene presupuesto propio (una parte del presupuesto estatal), así como autonomía financiera.
El Ministerio de Justicia es el organismo de la administración pública central de especialidad que ejerce atribuciones estipuladas en la ley en el dominio de la administración del sistema judicial, la ejecución de las penas y las ligadas a la actividad del Ministerio Publico, sobre la base de la estricta observancia de las leyes, en conformidad con los principios democráticos del Estado de Derecho, asegurando las condiciones necesarias para el funcionamiento y la organización de todo el sistema jurídico. El Ministerio de Justicia participa en la elaboración y el perfeccionamiento de las leyes, asegura la cooperación internacional en su dominio de actividad, según los términos legales. Asimismo, asegura la representación, en nombre del Estado o el Gobierno rumano, a nivel interno o internacional, en su dominio de actividad. También asegura la debida organización de la Justicia como servicio público y vela, de acuerdo a sus atribuciones, por la observancia de los derechos y las libertades humanas fundamentales en la actividad de las instancias judiciales y de los fiscales, así como en el ejercitar el libre acceso al acto jurídico.
En el dominio del crimen organizado y de la prevención de la corrupción, la actividad del Ministerio de Justicia se ha centrado sobre todo en el precaver y limitar la corrupción a nivel sectorial y nacional, en la adaptación a los estándares exigidos por nuestra integración en la OTAN y por la integración europea, en elevar la eficiencia, la calidad y operatividad de las actividades de seguimiento en la Justicia. Especial atención se concede a la lucha contra la corrupción entre los magistrados al identificar los sectores vulnerables y los factores de riesgo para eliminar la burocracia y precaver la conducta arbitraria o abusiva.
De la "autoridad jurídica", como queda definida en la Constitución de Rumanía, forma parte también el Ministerio Público, "que representa los intereses generales de nuestra sociedad y protege la ley y el orden, así como los derechos y las libertades de los ciudadanos". Están funcionando burós de procuraduría cerca de cada instancia judicial, bajo la autoridad del Ministerio de Justicia.
A partir del 1 de septiembre de 2002 funcionó el Consejo Nacional Anti-Corrupción, concebido como estructura independiente en el marco del Ministerio Público, dirigido por un fiscal general y especializado en la lucha contra las infracciones de corrupción, con jurisdicción en todo el territorio del país. Dentro de poco fue reorganizado y transformado en una institución particularmente eficiente - La Magistradura Nacional Especial Anticorrupción -, excelentemente dotada desde los puntos de vista material y humano. Por tener plena autonomía, la misma se ha destacado rápidamente en la lucha contra la corrupción por sus resultados concretos, radicales e impresionantes.
Esta es independiente en las relaciones con las instancias judiciales y los burós de procuraduría anejos, así como en relación con otras autoridades públicas, ejerciendo sus atribuciones tan sólo en base a la ley y asegurando la observancia de la misma en los equipos multidisciplinarios integrados por fiscales, oficiales de la policía jurídica y especialistas de diferentes dominios, seleccionados de modo riguroso.
La Constitución de Rumanía ha vuelto a insittuir el Consejo Superior de Magistradura, organismo de la autoridad jurídica con atribuciones de dirección y jusrisdicción disciplinaria. Los miembros del Consjo se eligen de modo directo en las asambleas generales de los magistrados a niveles de instancia; la lista se transmite por los burós permanentes de la Cámara de Diputados y del Senado a las comisiones jurídicas para ser examinada en sesión conjuta, luego se vota en sesión común de las dos Cámaras del Parlamento.
El Instituto Nacional de Magistrados, institución pública de personalidad jurídica, subordinada al Ministerio de Justicia, fue creado para la preparación específica de los futuros jueces y fiscales, así como para el perfeccionamiento de los magistrados activos. Lo dirige un consejo que considera sobre los asuntos de organización y funcionamiento, pero las decisiones llegan a ser ejecutorias tan sólo tras aprobarlas el Ministerio de Justicia.
El Instituto Nacional de Criminología fue creado en 2002 como organismo especializado con personalidad jurídica, subordinado al Ministerio de Justicia, con el fin de prevenir y luchar cotra la criminalidad sobre bases científicas.
El Instituto Nacional de Peritaje Criminológico es una institución pública subordinada al Ministerio de Justicia que tiene por objeto efectuar peritaciones criminológicas y corrdinar la actividad de cuatro laboratorios interdepartamentales de este tipo.
La Dirección General de Prisiones, subordinada al Ministerio de Justicia, dirige y cotrola la ejecución de penas privativas de libertad. El sistema de cárceles incluye 9 prisiones de máxima seguridad, 24 penitenciarias, una prisión para menosres de edad y jóvenes, 2 centros de reeducación juvenil y 5 hospitales penitenciarios.
Los Servicios de reintegración social y vigilia funcionan cerca de los tribunales y contemplan la reinserción social de las personas condenadas, después de ejecutar la pena. En el presente, cerca de cada tribunal está funcionando un servicio de reintegración social y vigilia.
El Buró Nacional del Registro del Comercio fue reorganizado en 2002 y está subordinado al Ministerio de Justicia. Se ha simplificado es este modo el procedimiento de crear y registrar las firmas, al reducir consistentemente el período de tiempo necesario para cumplir las formalidades legales.
Además de las instancias judiciales ordinarias mencionadas, en Rumanía funcionan tres instancias especializadas: La Corte Constitucional, el Tribunal de Cuentas y los Tribunales militares.
La Corte Constitucional comprueba si el Parlamento ha adoptado las leyes en conformidad con la Constitución. Vela por el procedimiento de elección del presidente de la República, por aquellos ligados al referéndum, el control de la revocación y la destitución del presidente, decide sobre la constitucionalidad de los partidos políticos. La Corte Constitucional tiene 9 miembros, que pueden cumplir un solo mandato. La componencia de la Corte Constitucional se renueva cada tres anos con un tercio de sus miembros, cada autoridad pública competente nombra sendos miembros.
El Tribunal de Cuentas es una instancia especial, de un solo nivel, que verifica si los fondos del Gobierno se utilizan correctamente. Las apelaciones contra las decisiones del Tribunal de Cuentas las juzgan primero los Tribunales de Apelación, luego la Corte Suprema de Justicia.
En Rumanía la justicia incluye un sistema separado de Tribunales militares que tienen analogías estructurales con las instancias judiciales ordinarias (tribunales militares como homólogos de los tribunales corrientes, tribunales militares territoriales como homólogos de los tribunales departamentales, una Corte de Apelación militar homóloga de los Tribunales de Apelación). Todos se ocupan de los casos en que están implicados militares.
Legislación
Por su actividad legislativa, el Ministerio de Justicia ha contemplado el cumplimiento de los objetivos ligados a la armonización de la legislación interna con el acervo comunitario, la creación del marco normativo necesario al funcionamiento de las instituciones públicas al nivel del Consejo de Europa y de las exigencias de la Unión Europea, la prevención y la lucha contra la criminalidad y la corrupción y el mejoramiento del sistema rumano de justicia.
Independencia de la justicia
El año 2002 fue un importante momento para la consolidación de la independencia de la Justicia, al adoptarse la Ordenanza de Urgencia 20/2002, aprobada por la Ley 653/2002 sobre la modificación y complementación de la Ley 92/1992 de la organización jurídica. La nueva reglamentación responde a la recomendación R(94)12 del Consejo de Ministros del Consejo Europeo acerca de la independencia, la eficiencia y el papel de los jueces , en el sentido de que los miembros del Consejo Supremo de Magistradura se designan en el marco de lo jurídico, y la representación ha venido extendiéndose también al nivel de los tribunales.
Legislación civil y comercial
En cuanto a los asuntos civiles, el cuadro legislativo necesario a la cooperación internacional se ha complementado. La Ley 396/2002 ha ratificado el Convenio Europeo sobre la ciudadanía, adoptado en Estrasburgo el 6 de noviembre de 1997.
Asimismo, a iniciativa del Ministerio de Justicia, el Gobierno ha aprobado proyectos de leyes sobre la adhesión de Rumanía al Convenio sobre el obtener pruebas del extranjero en relación con asuntos civiles o comerciales, adoptado en La Haya el 18 de marzo de 1970, y al Convenio sobre el notificar y comunicar en el extranjero los documentos jurídicos y extrajurídicos en asuntos civiles o comerciales, adoptado en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
El Parlamento de Rumanía ha adoptado la Ley 509/2002 sobre los comerciantes permanentes , que traspone la Directiva del Consejo de la Unión Europea 653/1986 del 18 de diciembre de 1986 sobre la armonización de los derechos de los comerciantes independientes en los Estados miembros de la Unión Europea. Se han reglamentado los procedimientos para la quiebra por la Ley 673/2002 sobre la reglamentación de las relaciones jurídicas privadas internacionales en el dominio de la insolvencia y por la Ordenanza del Gobierno 38/2002 sobre la modificación y complementación de la Ley 64/1995 sobre el procedimiento de reorganización jurídica y quiebra.
Los términos legales de Rumanía pueden utilizarse de una manera constructiva para consolidar las actividades económicas y mantener los empleos, en vez de la mera liquidación del negocio, como se procedía en el pasado.
El Gobierno de Rumanía ha fomentado la Ley 365/2002 sobre el comercio electrónico que reglamenta, entre otras, la conclusión de contratos por medios electrónicos, sancionando a la vez las infracciones cometidas en la emisión y utilización de los medios de pago electrónicos.
Legislación penal
Respetando la demanda de que las normas penales que respondan a las nuevas realidades y a la evolución del fenómeno infraccional, se han ratificado los Convenios que contienen reglamentaciones concernientes a nuevas formas de infracciones, por ejemplo: la Ley 263/2002 que ratifica el Convenio Europeo sobre la limpieza de dinero, la detección, captura y confiscación de los ingresos ilegales, firmada en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990; la Ley 565/2002 que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre el crimen organizado transfronterizo y los protocolos adicionales; la Ley 623/2002 que ratifica la Convención internacional sobre el cese de la financiación del terrorismo, adoptada en Nueva York el 9 de diciembre de 1999. También se ha aprobado la Ley 656/2002 sobre la prevención y sanción de la limpieza de dinero, la Ley 39/2002 sobre la prevención y la lucha contra el crimen organizado, la Ley 678/2002 sobre la prevención y la lucha contra el tráfico de personas, la Ordenanza de Urgencia 143/2002 sobre la modificación y complementación de ciertas estipulaciones del Código Penal y de unas leyes especiales por las cuales se contempla sancionar una nueva forma de abuso sexual contra los menores de edad y fijar penas más severas para infracciones ligadas a la vida sexual y la pronografía infantil. Las infracciones ligadas al tráfico de drogas cometidas en una institución de enseñanza o en lugares de actividad educativa, deportiva y social de los jóvenes se sancionan de manera distinta por la Ley 169/2002 sobre la modificación y complementación del Código Penal y de unas leyes especiales. La misma ley ha reevaluado la institución de autodefensa para aumentar la seguridad de los ciudadanos. Por la Ordenanza de urgencia 31/2002 se han incluido nuevas reglamentaciones concernientes a la prohibición de las organizaciones y los símbolos de carácter fascista, racista o xenófobo y al fomento del culto a las personas que se han hecho culpables de crímenes contra la paz y la humanidad. Se han reevaluado las sanciones por insulto y calumnia, mientras la infracción de perjuicio a la autoridad fue sacada de la incidencia de la ley.
Han aumentado las garantías del acto de enjuiciamiento penal, sobre todo las referentes a las medidas privativas o limitativas de libertad y a la institución del control jurídico sobre las soluciones de la procuraduría de no enviar ante los tribunales a los testigos protegidos o investigadores cubiertos. La Ley 682/2002 sobre la protección de los testigos ha creado por vez primera en Rumanía el cuadro legislativo para asegurar la protección y asistencia concedida a los testigos en los pleitos penales, cuya vida, integridad física y libertad corren peligro por detener ciertas informaciones o datos.
En 2003 se ha elaborado una nueva ley de la organización jurídica y una de la organización y el funcionamiento del Consejo Superior de Magistradura. La misma observa las más altas exigencias de independencia de la Justicia. Entre otras, se estipula que las atribuciones en cuanto al reclutamiento, la promoción y preparación profesional de los magistrados correspondan por entero al Consejo Superior de Magistradura. Asimismo, se ha consolidado el estatus de los magistrados al asegurar los instrumentos necesarios para crear un cuerpo de magistrados profesionales y garantir el estatus de inmunidad jurisdiccional, atestiguado por la carta de inmunidad. Se volverá al principio de la colegialidad en la estructura de los juzgados que enjuician las causas de primer instancia y se crearán instancias especializadas para los conflictos juveniles, familiares, comerciales, administrativas, fiscales y laborales. El nuevo Código Penal sistematiza la legislación concerniente a los asuntos penales, mantiene o vuelve a las soluciones que han demostrado ser viables, pero adopta a la vez nuevas soluciones existentes a nivel europeo.
Sus estipulaciones se refieren a la clasificación de los actos previstos en la ley penal como delitos y ofensas, según la gravedad de los mismos.
El clasificar a estos últimos como delictos y ofensas llevará a un cambio radical de todo el sistema punitivo, las penas por delitos y ofensas diferenciándose tanto en cuanto a la duración como a los procedimientos de ejecución. Por ejemplo, se ha introducido una nueva pena principal por ofensa, la del servicio en beneficio de la comunidad , y el sistema de multa por cada día. Además de los medios existentes de suspender la ejecución de la pena, se introducen nuevos medios individualizados: exención de pena y aplazamiento de la ejecución de la pena.
Teniendo presentes las nuevas convenciones del dominio penal a las cuales se ha adherido Rumanía y que estipulan la aplicación de las sanciones penales en el caso de las personas jurídicas, así como los compromisos asumidos en las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, el Código Penal incluye las condiciones en que pueden sancionarse las personas jurídicas y las penas aplicables a las mismas.
Entre las prioridades legislativas del Ministerio de Justicia figuró la ultimación del nuevo Código Civil Rumano (2004). Con este fin se ha instituido una comisión integrada por representantes del Ministerio de Justicia y por profesores y prácticos del Derecho. La comisión se benefició de la asistencia specializada de un grupo canadiense.
Por el referéndum del 18-19 de octubre de 2003 se ha adoptado una nueva Constitución de Rumanía, que corresponde a los estándares de la democracia.
